Nos duermen con cuentos

Malos tiempos para la libertad de expresión y la independencia de opinión. A pesar de que hoy en día existen grandes cadenas de noticias que nos otorgan la posibilidad de estar informados las 24 horas del día, cada vez nos enteramos menos de lo que realmente sucede y nos sentimos más desinformados que nunca. Siempre existen diferentes versiones sobre un mismo asunto, aunque a menudo accedemos a sólo una, la oficial. Mentira tras mentira, se llenan páginas de periódicos que contienen palabras de supuestos expertos que otorgan autenticidad al engaño. Cada vez es más difícil encontrar fuentes de información independientes y fiables.

Una de las virtudes de la democratización de la red en la era de la “información” es su diversidad de contenidos y opiniones. Justamente lo que ahora se quiere cortar de cuajo mediante la SOPA (Stop Online Piracy Act) y otras leyes restrictivas que actualmente se estudia implementar en todo el mundo. Mientras, la sensación generalizada que experimenta la ciudadanía es la de estar perdiendo derechos y ganando artilugios inútiles. Ya no podremos navegar libremente, pero siempre nos quedarán los iphones, ipads y demás dispositivos electrónicos, inventados para recrearnos y contentarnos mientras que los Gobiernos y los lobbies empresariales cometen sus fechorías. Es precisamente en aras de estos aparatitos, innovadores y tecnológicos, que se sacrifican los derechos laborales más básicos. “No podemos permitirnos el estricto cumplimiento de todos los derechos laborales porque eso significaría una ralentización en la innovación y los clientes quieren productos increíbles cada año” dijo recientemente un ex directivo de Apple, pronunciándose acerca de los cuestionamientos que recibió dicha empresa tras la segunda explosión ocurrida en una de sus fábricas de Ipads en China, que acabó con la vida de dos trabajadores e hirió a otros más. Los clientes, -el consumo- tienen la última palabra. Incluso sobre la vida y la muerte. Los conglomerados económicos actúan a través de sus gobiernos serviles para no ensuciarse su imagen, disponiendo de las leyes a su antojo. En el caso de la SOPA, es el Gobierno de Estados Unidos el villano que quiere restringir nuestros derechos y libertades, y no los enormes holdings empresariales que lo presionan para promulgar leyes restrictivas, como son Apple y Microsoft a través de la BSA (Business Software Alliance), o Time Warner, Universal, EMI y Sony.

Los mecanismos oficiales de distracción para desviar nuestra atención de los asuntos que realmente importan, son ya un hecho consumado. Los gobiernos los utilizan a su antojo, para tapar escándalos de corrupción o simplemente para transmitirnos malas noticias sin que nos demos ni cuenta. El fútbol, la fórmula 1 y demás deportes populares son sedantes naturales para una población ya acostumbrada a adormilarse frente al televisor. En caso de que esto no funcione, algunos gobiernos utilizan pantallas aún más grandes como método de distracción eficaz. Nos engañan cual niño con dulce, y nosotros nos dejamos. Cuando el gobierno que dirigía Margaret Thatcher estaba en sus horas más bajas debido a su confrontación directa con los antiguamente potentes sindicatos obreros por la privatización de las empresas nacionales más importantes, un pequeño país del sur del mundo que probablemente muchos ingleses nunca habían oído ni siquiera nombrar, decidió invadir y recuperar unas pequeñas islas aún más desconocidas y lejanas que dicho país invasor. A la Thatcher, le vino como anillo al dedo. A pesar de que el parlamento en su pleno consideró la opción de dejarlas en manos de aquel país dictatorial del sur, ella se rebeló y se sacó de la chistera un discurso nacionalista embriagador acerca de la importancia de la soberanía británica y como ésta nunca debía ser puesta en entredicho por un país minúsculo. El resto de la historia ya la conocemos: la Thatcher envió sus grandes barcos y sus muchos soldados hacia allí y se ganó la permanencia en el cargo por varios años más, los suficientes como para seguir desmantelando el Estado Británico y continuar influyendo en reformas similares en el resto de países del mundo. Hoy en día Cristina Kirchner, presidenta de aquel país sureño que es Argentina, utiliza una estrategia similar para tapar y embobar con la causa soberana de las ya manoseadas islas a la población, ocultando aumentos de servicios e impuestos, cosas que la gente prefiere no escuchar. El reclamo de la soberanía es legítimo, aunque no su manipuladora utilización.

Hoy en día el mecanismo del ocultamiento de verdades sigue siendo un arma realmente provechosa para los gobiernos del mundo. Las tapaderas informativas se deciden con un chasquido de dedos en cuanto existe algún probable riesgo desestabilizante. El presidente Rajoy no sale a escena cuando hay malas noticias que comunicar con la intención de no perturbar su imagen. Sus lacayos obedientes lo hacen por él, y de paso, se aseguran su muerte política y sus 15 minutos de gloria. Nos toman por tontos: el poder piensa que si no se deja ver no sabremos que es él quien nos toca los bolsillos. Los gobiernos serviciales prefieren romper las promesas realizadas a sus ciudadanos y votantes antes que quedar mal con los mercados. En nuestras narices nos quitan o nos recortan derechos obtenidos a sangre y fuego a lo largo de los dos últimos siglos por el sólo hecho de tener contentos a los mercados y las calificadoras de riesgo, con la intención de que los primeros nos sigan comprando deuda soberana, y que las segundas no nos rebajen la nota que ellas mismas disponen por capricho propio. La verdad, la honestidad, y la Justicia, palabras que muchos gobernantes se atreven a mencionar, pero pocos a cumplir, ya sólo se encuentran en los tratados y convenciones internacionales.

La Justicia, lenta y ciega por antonomasia, se olvida de sus carencias y lentitud cuando se trata de servir a los poderosos. La condena ejemplar propuesta contra el creador de Megaupload, -nada más y nada menos que 50 años-, o a la que se enfrenta el soldado Manning, divulgador de los cables secretos estadounidenses publicados por Wikileaks –cadena perpetua-, nos dan la pauta de los riesgos que existen por escupir en el plato de los que detentan el poder. La Justicia ya no sirve al pueblo, sino que sirve para engañarlo. Los pocos jueces que se animan a salirse del espectro de la obediencia y la servidumbre, son castigados con juicios injustos por razones idiotas, y por supuesto, con la posterior destrucción de su carrera. Atrás quedaron los grandes logros del Juez Garzón mediante el buen uso del principio de la Justicia Universal. Esos logros, como el enjuiciamiento a militares genocidas argentinos protegidos por leyes de amnistía absurdas, o el arresto de Pinochet por sus crímenes a la humanidad, quedaron eclipsados por la causa judicial en la que actualmente se encuentra inmerso por su intento de esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura franquista, a todas luces ilegítima y asesina.

Hace ya un buen tiempo que no ganan los buenos. No sé si se tratará de una sensación generalizada, pero el mundo se está convirtiendo, poco a poco, en el festín de los poderosos. El triunfo de la verdad y la justicia se convirtió en privilegio exclusivo de los telefilms. En la realidad no virtual ya no se ve el triunfo de la justicia y la razón, y los logros sociales ya sólo se recuerdan como algo lejano el 1 de Mayo de cada año mientras nos rascamos la barriga. Cualquier atisbo de rebelión o de simple divulgación de información, es rápidamente sofocado de alguna u otra manera por el poder existente, que extiende sus redes influyentes sobre la totalidad del mundo globalizado. Wikileaks es un gran ejemplo de la última y más conocida rebelión. Su crimen fue divulgar información que habitualmente es ajena a los ojos de los ciudadanos de a pie, y que los gobiernos utilizan a nuestras espaldas y en nuestro nombre. Por esa aberrante fechoría, su líder fue inculpado judicialmente, y sus fondos fueron cortados de cuajo por las empresas que sirven al poder y promueven la ignorancia y el consumo desmesurado, como Visa, Paypal y otros medios financieros de pago.

Hoy en día es casi imposible distinguir entre la realidad y la ficción. La película constante en que vivimos y en la que no cumplimos otro rol más que el de figurantes, nos mantiene controlados con un guión escrito por otros. Saltarse ese guión, requiere de coraje, valentía e implicación. La otra opción que nos queda es ceñirnos a lo establecido y adormilarnos mientras nos cuentan un bonito cuento con final feliz.

La reacción latinoamericana ante la crisis árabe

A pesar de existir cierta armonía de opinión en Latinoamérica en relación con la caída del régimen de Hosni Mubarak, aunque algunos gobiernos la celebraron mientras otros permanecieron callados, no está sucediendo lo mismo con la crisis libia, que provoca reacciones bien dispares entre los gobiernos de la región.

Hacía tiempo que una cuestión externa no provocaba un antagonismo tan pronunciado en la zona como el ligado a la intervención militar en Libia, activada a partir de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU. En principio las opiniones fueron más o menos compartidas entre los dos bloques claramente diferenciados (el minoritario, conformado por Cuba, Venezuela y Nicaragua, que apoyó la acción represiva de Gadafi; y el mayoritario, en el que se integran todos los demás, que condenó la violencia del régimen. Pero muy pronto esa superficial armonía se rompió abiertamente, tras el inicio de los bombardeos por parte de la coalición aliada. Así, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Paraguay y Uruguay mostraron un profundo rechazo a la incursión militar y pidieron, cada uno a su manera, el cese inmediato de los bombardeos.

Un repaso a las diferentes reacciones que se suscitaron nos permite conocer las opiniones y hasta las sugerencias que los diferentes mandatarios latinoamericanos expresaron sobre los ataques que todavía hoy continúan desarrollándose en Libia. Por una parte, Rafael Correa, presidente de Ecuador, no dudaba en expresar que su país, "rechaza terminantemente la intervención militar, la mayoría (de los países) no dice nada por temor para pasar la lección, para quedar bien, para que los acepten. Ecuador ya superó esa etapa de servilismo". Por otra, el presidente boliviano, Evo Morales, fue un poco más allá sugiriendo a las Naciones Unidas que cambie su nombre por el de "Organización de Naciones Invasoras", y afirmando que "el Consejo de Seguridad es un consejo de inseguridad (...) usan cualquier pretexto para invadir y apoderarse de los recursos de un país" y que "no se pueden defender los derechos humanos violando los derechos humanos". Posteriormente, Morales pidió "un cese inmediato de la agresión armada a Libia" y la conformación de una comisión encabezada por la ONU, la Liga Árabe y la Unión Africana para mediar pacíficamente ante la crisis.

En ese mismo sentido, Argentina, de la mano de su canciller, Hector Tímermann, y a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer su posición (y, por tanto, la de su gobierno) al afirmar que "finalizando el análisis de la acción militar sobre Libia. Primera conclusión: no se habían agotado los medios diplomáticos disponibles". Anteriormente a la intervención armada por parte de la coalición, la posición oficial de Argentina fue tímida y ambigua, quizás debido a la estrecha cercanía entre los gobiernos de Buenos Aires y Caracas. Así, y en un breve comunicado de dos párrafos, se expresó que "el gobierno argentino expresa su profunda preocupación por la grave situación en Libia, lamenta la pérdida de vidas y los actos de violencia acaecidos en los enfrentamientos", sin condenar expresamente la violenta represión.

También Hugo Chávez, presidente de Venezuela y declarado amigo de Muamar al Gadafi, dio su opinión al respecto calificando de "locura imperialista" la intervención en curso que con EE UU, Gran Bretaña y Francia a la cabeza se está llevando a cabo en el país árabe. Por otro lado, el mandatario paraguayo, Fernando Lugo, más comedido en su opinión, expresó que "ningún tipo de violencia es justificada. Lo hemos dicho siempre".

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, condenó asimismo la intervención militar contra el país norteafricano, iniciada por Estados Unidos y sus aliados, al entender que "ahora viene una guerra externa (contra Libia) de las potencias buscando cómo arrebatar el petróleo, porque el interés de ellos es el petróleo. Lo de democracia es puro cuento".

A la ya conocida abstención por parte de Brasil en la votación de la Resolución 1973, se añadió el repudio al uso de la violencia "inaceptable" contra los manifestantes en Libia y se requirió encarecidamente a las autoridades de ese país a que preserven la seguridad de los extranjeros, ya que en ese país se encuentran trabajadores de las constructoras brasileñas Odebrecht, Queiroz Galvao y de la Petrolera Petrobras. Es bien sabido que las revueltas en Libia afectan negativamente los intereses brasileños, ya que dichas empresas han tenido que interrumpir sus trabajos.

Cuba y Uruguay también se sumaron a la cascada de opiniones, realizando manifestaciones en el mismo sentido. Así, se escuchó decir a José Mujica, presidente de Uruguay, que "es mucho peor el remedio que la enfermedad. Eso de salvar vidas a los bombazos es un contrasentido inexplicable". En paralelo, Fidel Castro, viejo camarada de Gadafi, criticó el papel de la OTAN y manifestó que la alianza militar sólo "sirve para demostrar el derroche y el caos engendrado por el capitalismo".

El tridente conformado por Venezuela, Cuba y Nicaragua fue el más resistente a condenar a Gadafi por la violencia contra su pueblo y, posteriormente, el más enérgico a la hora de condenar los bombardeos de la coalición. La férrea defensa otorgada al régimen de Gadafi se debe quizás a la similitud en sus orígenes, ya que tanto los mandatarios de estos países latinoamericanos como Gadafi lograron conformar un gobierno tras su participación en alzamientos armados y son partidarios de la revolución (cada uno a su manera). Lo ocurrido en Túnez, Egipto y ahora Libia guarda paralelismos con la propia situación de estos países.

Por otra parte, y en clara discordancia con estos países, se encuentran Perú, Chile y Colombia. El primero decidió romper relaciones diplomáticas con Libia hasta tanto no cese la violencia contra el pueblo y, tras los ataques aliados, decidió dar su apoyo a la coalición mediante el siguiente comunicado: "Quisiera saludar la acción del gobierno de los Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña para hacer frente a la masacre perpetrada por la dictadura libia". En el mismo sentido se expresó su par colombiano, Juan Manuel Santos, que ante la represión violenta de Gadafi declaró que "lo que está pasando en Libia es inaceptable. Condenamos la forma en que se actúa contra la población de ese país" y tras los bombardeos amparados en la Resolución de la ONU, afirmó que "las autoridades de Libia se han burlado de la Resolución y por eso va a haber intervención. Para eso están la ONU y el Consejo de Seguridad". Por último, Sebastián Piñera, presidente de Chile, ante la violencia del régimen declaró que "deplora y condena enérgicamente la represión gubernamental" y tras los bombardeos, la cancillería emitió el siguiente comunicado: "Chile expresa su esperanza de que las medidas establecidas en la Resolución permitan el pronto restablecimiento de la paz, ponga término a la violencia, resguarde la integridad de la población civil y se establezca el pleno respeto de los derechos humanos".

Los sucesos en el Magreb, pero sobre todo los originados en Libia, también han tenido efectos económicos sobre la región, ya que el país norteafricano es el décimo productor mundial de petróleo y sus reservas alcanzan el 4% de la oferta mundial, por lo que puede llegar a amenazar seriamente la estabilidad del mercado del petróleo. Las turbulencias en dicho país ya han provocado el alza del petróleo, que fue bienvenida por países como México o Venezuela mientras que otros, como Chile, vieron como su bolsa de valores se desplomó fuertemente.

Se podría concluir que los países latinoamericanos dividen sus posturas en concordancia con las relaciones exteriores e intereses que sustentan. De esta manera, países que mantienen un estrecho vínculo económico con Estados Unidos y Europa se han mantenido afines a la intervención militar, mientras que los que encuentran paralelismos con sus situaciones, rechazaron cualquier tipo de injerencia desde el primer momento, llegando a justificar la violenta represión. Por último, el resto de países latinoamericanos decidieron condenar fervientemente los bombardeos, instando a una solución pacífica de las controversias.

Publicado originalmente en IECAH, el 4 de Abril de 2011.

El despertar de los pueblos árabes

El pueblo parecía dormido hasta que un buen día despertó. Quizás debido a cuestiones económicas como la incesante subida de precios en los alimentos básicos, que repercuten cada vez más sobre la ya empobrecida población. Quizás por el fuego que consumió a un ya considerado mártir, Mohamed Bouazizi, o simplemente por el hastío de la población que decidió decir basta ante el constante pisoteo de sus derechos. Lo cierto es que las supuestas masas dóciles sometidas finalmente despertaron, y con un objetivo bien claro: derrocar los regímenes dictatoriales impuestos ya hace décadas. Considerando que más del cincuenta por ciento de la población de estos países árabes es menor de 25 años, podemos afirmar que la mayoría de los manifestantes de hoy nunca conocieron otro régimen que el de su respectivo tirano. La mayoría de los dictadores de la región (Túnez, Argelia, Egipto, Jordania, Siria, Marruecos y Libia) llevan al menos 20 años en el poder y tanto Estados Unidos como la Unión Europea han sido sus principales sostenes desde el principio.

Desde su independencia (no, como suele decirse, cuando el islamismo radical reemerge con fuerza a finales de los años 80) el conjunto de los gobiernos europeos viene apostando por la estabilidad a toda costa en los países árabes, al margen de las credenciales democráticas de sus gobernantes. Por tanto, bajo la apariencia de una suerte de discurso humanista y democrático, se ha sostenido abiertamente a estas dictaduras. Prueba de ello es, por ejemplo, el reciente suceso que le ha costado el cargo a Michèle Alliot-Marie, ministra de Asuntos Exteriores de Francia, que no tuvo reparos en viajar en el jet privado de un amigo del defenestrado Zin el Abidin Ben Alí y, posteriormente, ofrecer material antidisturbios a las fuerzas del dictador tunecino días antes que éste huyera del país.

Pero Túnez, dada la rapidez con la que se suceden los acontecimientos y aunque todavía le queda un largo trecho para poner en marcha un verdadero proceso democrático, ya es historia. Actualmente, la caída del régimen de Mubarak, principal aliado de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, ha atraído con fuerza el interés mundial debido a su importancia geoestratégica y geoeconómica en la región. Aquí los militares, aprovechando el clima de optimismo que acompañó a la salida del dictador, han optado por una estrategia de no agresión a la población durante el transcurso de las revueltas. Eso les ha permitido erigirse como una alternativa política apoyada por la ciudadanía, a pesar de haber sido durante todos estos años el sostén del régimen de Hosni Mubarak. Es obligada la cautela sobre sus últimas intenciones, sin que de momento sea posible determinar si nos dirigimos a un simple cambio de caras dentro del mismo régimen o a una auténtica democracia.

De hecho, aventurar una democracia plena en estos países es hoy por hoy arriesgado. En realidad cabe resaltar que, actualmente, los únicos interesados en el cambio democrático son la mayoría de los ciudadanos de estos países. Entre los distintos actores sociales, son los jóvenes quienes han tenido el principal protagonismo en las movilizaciones. Y lo han hecho no sólo usando las nuevas tecnologías, que desembocaron en una afluencia masiva en las calles, sino también imponiendo su número (el 60% de la población es menor de 25 años). Representan a una población harta de la corrupción y la falta de expectativas para poder llevar una vida digna, que miran con anhelo la forma de vida de los países occidentales. Tras un negativo balance de décadas de clientelismo, represión e ineficacia para satisfacer las necesidades básicas, la población ha perdido el temor y se ha movilizado para provocar un cambio radical de los sistemas que los obligan a una mera lucha por la supervivencia, sin que esta vez parezcan contentarse con la clásica fórmula para "comprar la paz social" mediante las sobras del régimen. Hoy, las nuevas generaciones han decidido alzarse para intentar construir su propio futuro.

En términos generales estos regímenes políticos vienen comportándose de ese modo desde su llegada al poder y, sin embargo, han logrado sostenerse a pesar del creciente descontento y frustración popular que generaban su gestión de los asuntos públicos. ¿Por qué la explosión se ha producido tan solo ahora? Son muchos los factores que confluyen para dar una respuesta completa. Uno de ellos es el incremento de los precios de primera necesidad, en un contexto en el que ya no les ha sido posible a los gobernantes volver a apostar por neutralizar la tensión con las recurrentes subvenciones a los alimentos básicos. Otro factor a mencionar es el que corresponde al clientelismo que procuraba comprar lealtades políticas, aprovechando el complejo aparato burocrático (civil y militar) para integrar a los diversos actores sociales que pudieran representar algún peligro para la estabilidad del régimen, ofreciendo favores a quienes se pretendía contentar (y neutralizar). No menor es el impacto de las filtraciones de Wikileaks, que ha arrojado luz pública sobre el brutal nivel de enriquecimiento ilícito de la clase dirigente. En definitiva, unos regímenes con estas características, no podía durar para siempre.

En esa misma línea de identificación de factores concurrentes en las movilizaciones actuales , el papel de algunos medios de comunicación y de las tecnologías de telecomunicación ha sido muy relevante. La multitud de medios disponibles para la comunicación lograron hacer partícipe de las manifestaciones a miles de personas que, de otra manera, hubieran permanecido en silencio. Y todo ello a pesar de los constantes intentos oficiales de censura mediante el corte parcial o total de las telecomunicaciones, que pudieron sortear los rebeldes con gran habilidad. Ahora parece claro el valor de la intervención de la cadena informativa árabe Al Yazira y de las redes sociales, Facebook y Twitter, que facilitaron el efecto contagio y exportaron a los países cercanos el malestar reinante. La participación de estos medios informativos otorgó a las manifestaciones una cierta garantía de visibilidad y respuesta por parte del mundo exterior, al tiempo que inyectó presión a los medios represivos gubernamentales para que no se excedieran en sus acciones. Se podría considerar éste como uno de los aspectos positivos de la globalización, ya que nos ofrece una visión amplia del transcurso de los acontecimientos y nos permite disentir de la versión oficial, antaño la única posible de conocer.

Como contrapunto negativo, interesa destacar igualmente que la explosión de la ciudadanía árabe, lejos de provocar reacciones positivas, silenció a los gobiernos occidentales. Es indignante el silencio que reina aún hoy en el mundo occidental, particularmente en el conjunto de países que conforma la Unión Europea (UE). Sólo Estados Unidos se ha animado en algunos casos a asomar la cabeza, aunque solo haya sido en ocasiones con poco más que declaraciones amables y apelaciones a lugares comunes del lenguaje diplomático. Decir que "la transición debe hacerse de forma ordenada", como se le ha escuchado decir al presidente Obama en relación con Egipto, no parece realmente una opinión arriesgada. Al decir "ordenada", ¿quiere insinuar Obama que debe mantenerse el orden a toda costa, incluso mediante el uso de la fuerza? ¿Cabe entenderlo como una defensa inequívoca a favor de la democracia o, por el contrario, de la estabilidad?

Aunque lo dicho por Washington parezca insuficiente y lleno de ambigüedad, peor es en todo caso la postura de la UE. De momento no existe una postura común. Mucho más activos han estado los portavoces de los intereses económicos, que se han afanado para tratar de tranquilizarnos, asegurándonos que "la provisión de gas está asegurada, incluso si debido a las revueltas sociales el suministro se corta". Es difícil evitar la sensación de que esto es lo único que realmente nos interesa, al menos de momento. Así ha sido durante décadas, conscientes de que nuestra seguridad energética ha descansado en la alianza con gobernantes corruptos y violadores de derechos humanos y en el sometimiento por la fuerza de poblaciones enteras. Por lo que, siguiendo esta línea, podríamos interpretar que todos nosotros hemos sido cómplices del régimen de Ben Ali, Mubarak y Gadafi, contribuyendo a su sostenimiento.

Publicado originalmente en IECAH, el 1 de Marzo de 2011.